Cetraa y Conepa piden actualizar el Real Decreto de Talleres tras casi 40 años

CETRAA y CONEPA han presentado conjuntamente al Ministerio de Industria y Turismo una propuesta para reformar el Real Decreto 1457/1986 de talleres, la primera actualización integral de la norma en casi cuatro décadas. La iniciativa afecta a cuestiones como los talleres móviles, las piezas usadas, la firma electrónica y el derecho de retención del vehículo. recambiofacil repasa las medidas planteadas y su alcance para el sector.

• Marco desactualizado: el Real Decreto 1457/1986, vigente desde hace casi 40 años, no ha tenido una reforma integral pese a la evolución tecnológica y empresarial del sector.
• Nuevas actividades reconocidas: la propuesta plantea regular los talleres móviles, la camperización de vehículos, la sustitución de lunas y la reparación de bicicletas y patinetes eléctricos.
• Derechos del taller: se pide reconocer expresamente el derecho de retención del vehículo hasta el pago de la factura y concretar el derecho de admisión ante impagos o falta de medios técnicos.
• Piezas usadas y garantías: el documento defiende la instalación de piezas usadas certificadas y aclara que las reparaciones deben regirse por el propio decreto, no por la normativa de compraventa.

Una propuesta conjunta para reformar una norma de casi 40 años

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines, con cerca de 20.000 empresas asociadas) y CONEPA (Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción) han remitido conjuntamente al Ministerio de Industria y Turismo una propuesta para modificar el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, vigente desde hace casi cuatro décadas sin una reforma integral. La iniciativa responde a una petición pública formulada en noviembre de 2025 por Jaime Barea, de Ganvam, y busca adaptar la norma a la evolución tecnológica, empresarial y jurídica que ha vivido el sector de la reparación de vehículos.

Nuevas actividades y figuras profesionales

Entre las principales novedades destaca el reconocimiento expreso de los talleres móviles, que según la propuesta deberían vincularse a un establecimiento fijo y cumplir determinadas condiciones de funcionamiento. Ambas asociaciones piden además ampliar el ámbito de aplicación de la norma para incluir actividades ya asentadas en el mercado pero sin encaje normativo específico, como la camperización de vehículos, la sustitución de lunas y la reparación de bicicletas y patinetes eléctricos. También se propone regular la figura del responsable técnico, con vías para acreditar la capacitación profesional necesaria y garantizar que las reparaciones cumplen los requisitos de seguridad vial.

Digitalización y nuevos derechos para los talleres

La propuesta apuesta por adaptar la norma a la digitalización administrativa, permitiendo que presupuestos, resguardos de depósito, autorizaciones para averías ocultas y demás documentación contractual puedan firmarse electrónicamente con plena validez jurídica, siempre con el consentimiento del cliente. En cuanto a derechos del taller, CETRAA y CONEPA solicitan que el decreto reconozca expresamente el derecho de retención del vehículo hasta el pago de la factura o del presupuesto cuando el cliente decida no realizar el trabajo, y que se defina con más precisión el derecho de admisión, para casos como la falta de medios técnicos adecuados, piezas aportadas por el cliente sin garantías de seguridad, o impagos y conflictos previos.

Garantías, piezas usadas y lucha contra el intrusismo

El documento aclara que las reparaciones deben regirse por el propio Real Decreto de Talleres y no por la normativa general de compraventa de bienes, y reclama el derecho del taller a repercutir en el fabricante o vendedor de una pieza defectuosa tanto el coste del componente como la mano de obra de su sustitución. Sobre las piezas usadas, la propuesta defiende su instalación siempre que cuenten con certificación que garantice su idoneidad y trazabilidad. Por último, se plantea que la Administración pueda ordenar, como medida cautelar, el cierre de establecimientos no inscritos en el registro industrial correspondiente, con el objetivo de combatir el intrusismo y la competencia desleal. Ambas organizaciones han trasladado al Ministerio su disposición a colaborar durante la tramitación de la reforma.